ACUSA ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE VERIFICACIÓN OPACIDAD EN LA ENTREGA DE CONCESIONES PARA LA OPERACIÓN DE 55 NUE VOS VERIFICENTROS

· Fueron entregadas a empresas que no cuentan ni con mobiliario, personal, ni siquiera una dirección en donde supuestamente operarían para brindar el servicio, advirtió.

· Con esta decisión del Jefe de Gobierno se están violentando nuestros derechos, pretextando un supuesto mejoramiento de este servicio para garantizar un mejor ambiente para los ciudadanos.

· Promoveremos acciones legales para que los responsables del gobierno capitalino, que tomaron esta medida que parece más un “negocio”, puedan tener una responsabilidad penal o civil, aseguró el diputado federal Romero Tenorio

La Asociación Ecológica de Verificación de la Ciudad de México acusó al Gobierno de la Ciudad de México de realizar una convocatoria a “modo” para beneficiar a un grupo de empresarios que, sin contar con ninguna experiencia en la operación de equipos del Programa Integral de Reducción de Emisiones Contaminantes, obtuvieron 55 concesiones para ejecutar Programa de de Verificación Vehicular por los próximos diez años.

En conferencia de prensa, el presidente de dicha agrupación civil –que aglutina a 50 de los 74 Verificentros que operan en la capital del país–, Gustavo Torres Anzures, aseguró que el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) anunció la entrada en operación para el segundo semestre del presente año de los nuevos Centros de Verificación Vehicular, los cuales hasta este momento no existe físicamente.

“Lo que sabemos es que estas concesiones se les entregaron a empresas y personas que aún no cuentan con el equipo, terrenos, mobiliario, personal, ni siquiera una dirección en donde supuestamente operarían para brindar el servicio”, aseguró el empresario.

Denunció que cuando el Gobierno de la Ciudad de México lanzó la convocatoria muchos de los actuales propietarios de estos centros de verificación no se enteraron y los que participaron extrañamente fueron desechados en el proceso, para dar lugar a nuevos concesionarios, en una total opacidad.

De la escasa información que ha entregado el gobierno de la ciudad nos hemos enterado que cinco empresas concentran más de la mitad del total de las concesiones, las cuales no cuentan con ninguna experiencia, ya que su razón social tiene que ver con la administración de estacionamientos y otras son talleres mecánicos, dijo.

En conocido hotel de Paseo de la Reforma, Torres Anzures cuestionó la decisión del GCDMX de hacer a un lado a los empresarios con más de 20 años de experiencia, los cuales en los últimos años han hecho inversiones de entre ocho y nueve millones de pesos para actualizar el equipo, los manuales y los procedimientos para brindar un excelente servicio a la ciudadanía.

“Con esta decisión del Jefe de Gobierno se están violentando nuestros derechos, pretextando un supuesto mejoramiento de este servicio para garantizar un mejor ambiente para los ciudadanos, lo que se contrapone con la suspensión, por seis meses, del "Programa de Verificación Vehicular”, cuestionó.

Advirtió que con la entrada de estos nuevos centros de verificación vehicular en la CDMX aumentará el rechazó en el número de vehículos, ya que además de la inspección de emisiones de gases, se hará una revisión al estado físico del automotor como son llantas, suspensión, amortiguadores, frenos, lo que generará para el gobierno mayores recursos y, para los propietarios de los vehículos, la imposibilidad de usar su automotor –incluyendo motocicletas–.

Por su parte, el diputado federal de Morena, Juan Romero Tenorio, dijo que lo que ve en el fondo de esta mala decisión del gobierno de la ciudad, es que "hay una oportunidad de negocio para el Jefe de Gobierno (Miguel Ángel Mancera), tal y como ocurrió con el tema de las fotomultas".

En consecuencia, adelantó que el Congreso solicitará una explicación al gobierno capitalino sobre esta decisión administrativa que podría tener serias consecuencias a la salud de los habitantes de la metrópoli, con el propósito de beneficiar, desde el servicio público, a un grupo de particulares.

Lo que vemos es que esta mala decisión administrativa puede constarle muy caro a los ciudadanos, porque al realizar esta acción de manera desaseada se corre el riesgo de que en los próximos años, el gobierno de la ciudad tenga que indemnizar a los actuales concesionarios. Vamos a promover acciones legales para que los responsables de esta medida que parece más un “negocio”, puedan tener una responsabilidad penal o civil, aseguró el legislador.

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Categorías:Nacional

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