“Espejitos” por millonarios predios en Playa del Carmen

*Con la donación de una guardería y al parecer un cohecho, la edil saliente Cristina Torres, le regresó 31 hectáreas del municipio a dos filiales de la trasnacional española OHL, cuyo dueño Juan Miguel Villar Mir, fue sometido a juicio por corrupción. Laura Beristaín tiene que actuar.

Augusto Velázquez

Un escándalo a nivel internacional está por reventarle en las manos a la saliente alcaldesa del municipio de Solidaridad, Cristina Torres Gómez después de que a HUARIBE S.A. de C.V. y NOVATERRA CARIBE S.A.P.I. de C.V., subsidiarias de la empresa española OHL (Obrascón Huarte Lain), de Juan Miguel Villar Mir, le fue entregada en bandeja de plata, un extenso y costoso predio de 31 hectáreas con valor comercial de 93 millones de dólares (1700 millones de pesos al tipo de cotización actual), a cambio de la donación de una guardería y el pago al parecer de 55 millones de pesos, lo que a todas luces es inconcebible.
Y es que resulta que tres predios de cinco que esta empresa tenía la obligación de donar al municipio para equipamiento urbano (escuelas, parques, centros de convivencia, etc.), le fueron devueltos sin el mayor preámbulo; contraviniendo a la legislación municipal, por lo que la presidenta municipal entrante, Laura Beristaín Navarrete tendrá que investigar a fondo este caso y fincar responsabilidades en un momento dado, ya que esta “donación”, superaría con mucho lo que hizo el mismo Roberto Borge en este aspecto de subvaluar predios para regalárselos prácticamente a sus amigos o empresarios afines.
El primero de los predios mide 52 mil 267.26 metros cuadrados, (más de siete canchas de futbol del tamaño del estadio Azteca); el segundo predio 41 mil 817.04 metros cuadrados (seis canchas de futbol americano de los Vaqueros de Dallas) y el tercero 96 mil 884.96 metros cuadrados (14 canchas de béisbol de los Medias Blancas de Chicago), cuyo valor suma por lo menos 93 millones de dólares, tomando en cuenta que cada metro en esa zona de alta plusvalía está valuado actualmente en 300 dólares (unos 6 mil pesos a tipo de cambio); sin embargo, las empresas sólo pagaron 55 millones 257 mil 924.14 pesos como dispensa para no entregar la propiedad como donación al Ayuntamiento.
Algo similar al modus operandi de Roberto Borge Angulo, detenido en una cárcel de Morelos, precisamente por rematar a precio de ‘ganga’ grandes extensiones de terrenos entre familiares y amigos, como ya se precisó.

AL SERVICIO DE DEPREDADORES ESPAÑOLES
Esta decisión de acuerdo a abogados litigantes y ciudadanos de esta entidad, se tomó de un “plumazo” por Cristina Torres, mediante una cesión de cabildo ex profeso realizada el 1 de abril de este año, quien al rendir su segundo y último informe expuso que también se recibió “generosamente” una guardería por estos fraccionadores de Ciudad Mayakoba, quienes públicamente aceptaron la compra-venta de extenso predio que adquirieron casi regalado.
Aunque Cristina Torres no se descarta para integrarse al gobierno del ‘cambio’ de Carlos Joaquín González; pone en riesgo su futuro político y podría estar en antesala de la cárcel como Borge por vender el patrimonio de los solidarenses a muy bajo costo, en conjunto con el cabildo en turno.
Cabe resaltar que el 1 de abril del año en curso, el acuerdo de cabildo correspondiente aprobó por unanimidad: “Acuerdo mediante el cual se aprueba enajenar inmuebles varios a favor de diversas personas morales; así como dispensar la entrega física de inmuebles a favor del municipio, aprobado en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria “Honorable” Ayuntamiento el municipio de Solidaridad, Administración 2016-2018, celebrada el 1 de abril de 2018”.
De acuerdo a los denunciantes, conforme al acuerdo de cabildo se acordó vender o enajenar dos predios propiedad del municipio y que forman parte del patrimonio inmobiliario de Solidaridad, a la persona moral Huaribe S.A. de C.V. empresa que forma parte de OHL, desarrolladores de Mayakoba y que fue la persona moral que donó los lotes a favor del municipio.
De la misma forma se autorizó subdividir en seis secciones el predio de 41 mil 817.04 metros –el 28 de marzo antes que se diera la reunión de cabildo y sin que estuviera protocolizada la división- para la construcción de una supuesta capilla ecuménica, un supuesto centro cívico, vialidades, un cárcamo y hasta un tanque, estos últimos para ser donados a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

DOS PREDIOS NO LOS ENTREGARON
Cabe resaltar que el cabildo de manera irregular autoriza la venta de los otros dos predios de los cinco que se tenían la obligación de donar, sin embargo no fueron incluidos en la escritura de donación, por lo que no formaron parte del Patrimonio Inmobiliario Municipal, debido a que el representante legal de las empresas Huaribe S.A. de C.V., y Novaterra Caribe S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de OHL, desarrolladores de Ciudad Mayakoba, no quiso entregarlos.
En relación a los otros dos predios que se tenía la obligación de donar, el primero de ellos se trata de ellos tiene una extensión de 117 mil, 181.39 metros cuadrados, con uso de suelo universidad y planta de tratamiento y que fue autorizado para incorporarse al patrimonio municipal, en tanto que el otro identificado como “Jesusito” mide 13 mil 483.79 metros cuadrados, propiedad de Novaterra Caribe S.A.P.I. de C.V.

¿DINERO A CAMBIO?
Conforme a los denunciantes y litigantes, es ahí cuando Cristina Torres y su cabildo, aceptan pactar cantidades en efectivo por los dos predios antes descritos. Es decir el cabildo renuncia a la donación de los predios de los cuáles nunca tuvo propiedad, liberando a OHL la obligación que tiene como lo marca el Plan de Desarrollo Urbano, de dar cumplimiento a sus obligaciones que como desarrollador tiene en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 60 de la Ley de Fraccionamientos del estado de Quintana Roo.
Por si fuera poco, en el acuerdo de cabildo se hizo el cambio de situación jurídica de dichos predios a fin de desincorporarlos de Bienes de Servicio Público a Bienes del Dominio Privado, a efecto de poder enajenarlos, pero sin cumplir con el compromiso establecido en el artículo 239 de la Ley de Municipios del estado que a la letras dice:
“Artículo 239.- Los Bienes de Servicio Público Municipal son…
El cambio de situación de situación jurídica y la enajenación de bienes del dominio público municipal, procederá cuando no se afecte el interés público o comunitario y siempre que se trate de bienes inmuebles que estén destinados a servicio públicos y se haya recabado previamente la opinión de los ciudadanos conforme a lo dispuesto en el Título Decimotercero, Capítulo V, de esta Ley.
La desincorporación de bienes o su enajenación o traslación de dominio que por cualquier título realicen los Ayuntamientos, en contravención de este artículo, serán nulas de pleno derecho”.

SIN CONSULTA PÚBLICA
De esta forma conforme a las fuentes, toda vez que no se llevó a cabo dicha Consulta Pública a la ciudadanía del municipio de Solidaridad, a efecto de que manifestaran estar de acuerdo en la enajenación de dichos predios que forman parte del Patrimonio Inmobiliario Municipal, por lo que dichas ventas de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del citado artículo 239 son nulas de pleno derecho.
De la misma forma en la Ley de Municipios de la entidad en el Artículo 241 se establece que “todas las enajenaciones, concesiones de uso o usufructo y arrendamiento de bienes propios del Municipio se harán mediante subasta pública y con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento”.
Misma subasta que no se llevó a cabo, por lo que estas enajenaciones son nulas de pleno derecho, además de que también se contraviene el artículo 240 de la Ley de Municipios en donde se establece que la enajenación de bienes responda a la ejecución de un programa, por lo que no se justifica la enajenación de estas 31 hectáreas.



Categorías:Nacional

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