LA BARRIADA

POR MARTIN AGUILAR

NADA PARA NADIE

Continuando con su gira de agradecimiento por toda la CDMX, y esta vez estuvo en la Alcaldía de Iztacalco, la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum señaló que 800 unidades del transporte público en elCetram Pantitlán, serán ordenados en beneficio de la movilidad de los usuarios y vecinos y será hasta el 2020 cuando concluyan dichos trabajos de remodelación.

La ex delegada en Tlalpan dijo que se reunió con concesionarios y les dijo que no habrá centros comerciales en la zona, por lo que están viendo si presentan una propuesta alternativa o de plano se retiran y explicó que este paradero es uno de los temas que tiene pendiente con el gobernador Alfredo del Mazo, pero también está la movilidad, medio ambiente, seguridad y el de Texcoco.

Comentó que ya se está en comunicación con las autoridades del Estado de México para que la reunión sea, incluso, antes de que ella tome posesión del cargo, abundó que hay muchísimos paraderos que fueron concesionados en esta administración pero en la mayoría ni siquiera han empezado a construir, hay un retraso tremendo y nuestro objetivo es que los Cetram no se conviertan en centros comerciales.

Lo que más le molesto a la jefa de gobierno electa fue que los Cetram solo fueron diseñados para ser centros comerciales y no para ordenar el transporte público, por lo que no permitirá que esto se convierta en un negocio redondo para particulares, sino el ordenamiento y la recuperación de espacios en beneficio de los ciudadanos.

Y realmente Sheinbaum no estaba tan equivocada, ya que hace unos meses salió un escándalo donde involucran al ex jefe de gobierno, Miguel Ángel de Mancera y sus colaboradores cercanos, los hermanos, Julio César y Luis Serna, quien fungió como su secretario particular, quienes obtuvieron más propiedades, sobre las cuales no rindieron cuentas y tampoco las registraron a sus nombres.

Como se recordará las propiedades que fueron adquiridas por los Serna, la mayoría son de Mancera, que incluyen locales comerciales; sin embargo, el valor y la fastuosidad de las de Luis Ernesto superan por mucho las del ex jefe de Gobierno que hasta 2016, el valor catastral de las propiedades de Mancera era de 43.5 millones de pesos, y las de Luis Ernesto eran de 77.9 millones.

Tanto los hermanos Serna como Mancera se hicieron de su patrimonio mientras fueron funcionarios capitalinos por lo que indica que la mayoría de las propiedades de los tres, y sobre todo las de Mancera, fueron compradas por desarrolladores inmobiliarios que luego el ex mandatario local integró a su Gabinete y algunos se convirtieron en sus socios.

Como son Simón Neumann Ladenzon, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) y Fausto Galván Escobar, “El Compadre”, ex coordinador general de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad, de la Secretaría de Economía.

Por lo que Mancera Espinosa amasó su fortuna inmobiliaria en menos de 12 años, desde que fue titular de la Procuraduría de General de Justicia (PGJ) capitalina y luego como Jefe de Gobierno.

Ya que las propiedades que el ex jefe de gobierno adquirió, esta una casa de 94 mil metros cuadrados en Tlacopac, al sur de la capital, colindante con San Ángel Inn y San Ángel, ya que dicho inmueble lo compró en el 2015 y que Luis Ernesto cobijó la transacción, pues incluso la reportó como suya en su declaración 3 de 3 de 2016.

Y quien no se queda atrás por su soberbia es el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador que tras detener la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, en la zona de Texcoco, tiene diversos costos económicos y financieros tanto de manera inmediata, como en el mediano y largo plazos.

Además marca el inicio de una nueva y personal manera de gobernar que se ejercerá durante el próximo sexenio, no solo se tienen costos económicos para los participantes en el proceso, así como para toda la población, sino que además existe un costo político, que fue la manera en que se realizó la consulta en la que se basa la decisión.

La misma tuvo serias y claras deficiencias, lo cual deterioran la percepción de honradez que tenía el gobierno entrante entre la población. Lo anterior se suma a la debilidad en el entorno económico internacional, lo cual conjuntamente agravarán la situación para un elevado porcentaje de la población nacional en los siguientes meses.

Entre los impactos negativos de corto plazo de la decisión anunciada de interrumpir el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México están:

1) El desperdicio de las inversiones ya realizadas y pagadas, que no se recuperarán, mismas que se calculan en $60 mil millones de pesos.

2) Los recursos ya comprometidos, que suman otros $175 mil millones de pesos, que deberán pagarse, ya que su incumplimiento ameritan sanciones que se establecen en los mismos contratos.

3) Erogaciones que deberán realizarse para regresar los terrenos a las condiciones anteriores, cuyo monto todavía tiene que estimarse, pero que suman varias decenas de millones de pesos.

4) El costo adicional en la deuda pública debido al deterioro en el tipo de cambio y en las mayores tasas de interés, el cual es superior a los 100 mil millones de pesos en las pasadas horas.

5) La pérdida de empleos para cerca de 45 mil trabajadores que laboran en la actualidad en este proyecto.

En el mediano plazo se tienen otros costos adicionales como son:

1) El costo de los nuevos estudios para el aeropuerto de Santa Lucía, que tardarán varios años en realizarse (Hay que enfatizar que el mismo también está asentado en el lecho de un lago seco, con condiciones análogas a las de Texcoco).

2) La destrucción de la base militar ubicada en ese lugar y su posterior construcción en otro lado.

3) La imposibilidad de contar con un “hub”, el cual permite la transferencia de pasajeros y carga de las grandes rutas aéreas a las locales, creando un centro logístico de distribución (mover la carga de un aeropuerto a otro eleva de manera exagerada el costo de los diversos productos).

4) El incremento en el precio de la gasolina por el tipo de cambio más débil, de la inflación y de las tasas de interés que tiene que pagar la población en su conjunto, lo que afectará la imagen del nuevo gobierno.

5) La pérdida del importante ingreso por el TUA, el cual sirve de garantía para el pago de los bonos que se emitieron para construir el nuevo aeropuerto y que se utilizará durante varios años para pagar un proyecto cancelado. Se calcula que el mismo sería cercano a los 2,300 millones de dólares anuales en el nuevo aeropuerto.

En el largo plazo se tienen costos por el cambio en la percepción que la población tiene del gobierno entrante, al utilizar el mecanismo de consultas populares para modificar o cancelar contratos de largo plazo.

Esto perjudica la inversión en el país, lo cual se reflejará en mayores tasas de interés y menores montos, ya que esta situación contrasta con la política seguida por el gobierno chino, que ha sido la consistencia y la permanencia de sus acuerdos.

Lo que ha permitido un incremento impresionante de la inversión extranjera, por lo que el rompimiento del estado de derecho, al hacer impredecibles lo que sucederá con las reglas acordadas con las autoridades, perjudicando no solo a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas.

Y es que la calificación crediticia de nuestro país se reducirá en las siguientes semanas, lo que afectará aún más el entorno económico, por lo que la economía nacional tendría una desaceleración el próximo año, que se reflejará en una menor creación de empleos.

En suma, si el objetivo era detener o castigar la posible corrupción en este gran proyecto, ya existen mecanismos legales para identificarlos y proceder de manera correspondiente a fin de castigar a los responsables, sin afectar a toda la economía y a la población en su conjunto.



Categorías:Nacional

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