LÍDERES POLÍTICOS/INCONSTITUCIONALIDAD

Noviembre 06/18

LÍDERES POLÍTICOS

Jesús Belmont Vázquez

Inconstitucionalidad

*Los altos salarios del Poder Judicial

*Defenderlos desacata la Constitución

Congreso de la Unión.- El pasado lunes se publicó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que tiene aplicación en todos los ámbitos del gobierno federal, entre ellos el Poder Judicial de la Federación.

La ley reglamenta el artículo 127 Constitucional, reiterando que ningún funcionario podrá recibir una remuneración superior a la del Presidente de la República.

Dicha ley define que la remuneración comprende toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones o cualquier otra de esta naturaleza, sin considerar gastos de viajes, jubilaciones, liquidaciones o gastos de servicios de seguridad.

Actualmente, conforme al Presupuesto de Egresos de 2018, el Presidente de la República tiene una remuneración total anual de tres millones 115 mil 531 pesos; sin embargo, el Presidente electo augura un salario mensual máximo de 108 mil pesos, esto es, un salario anual promedio de un millón 296 mil pesos, que será superior si consideramos prestaciones de ley como el aguinaldo.

Sobre el tema, el Maestro en Derecho por la UNAM, Alejandro Parada Sánchez, comentó que la referida ley ha sido considerada por diversos jueces y magistrados del PJF como inconstitucional al mermar la independencia del Poder Judicial, afirmando que es violatoria del artículo 94 constitucional que señala “que la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, NO podrá ser disminuida durante su encargo.”

Lo cual –dijo Parada, experto en Derecho Constitucional- obliga a plantear tres preguntas:

¿La Constitución garantiza a los Ministros, Consejeros o Magistrados del TRIFE una remuneración anual total de seis millones 938 mil 234 pesos; es decir, 120 por ciento más de lo que gana el Presidente de la República, conforme al presupuestos de egresos de 2018?;

¿La regulación y control de los salarios del PJF a través de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos es inconstitucional?

Y por último, ¿la independencia judicial se garantiza con altos salarios?

“A la primer pregunta debemos responder que la Constitución sí garantiza un remuneración adecuada a los Juzgadores, como cualquier trabajo, puesto que así lo establece el 123 Constitucional, además que el salario es una garantía constitucional para el derecho al trabajo”.

No obstante, agregó el académico, desde el 24 de agosto de 2009, en la fracción II, del artículo 127 Constitucional, se estableció que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Por lo que desde el año 2009 los salarios de los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, han sido inconstitucionales, al ser superiores al salario del Presidente.

“Esto nos lleva a la segunda pregunta, cuya respuesta categórica es: NO es inconstitucional regular los altos salarios del PJF. En la misma Constitución se establece un parámetro que no priva del derecho a una remuneración adecuada, pero establece un límite, que es el salario del Presidente de la República.

Es cierto, el 94 constitucional prohíbe que los salarios de los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación no puedan ser reducidos durante su encargo, pero la finalidad de ese supuesto es limitar al poder político para que la independencia de los jueces no sea mermada, a través de condicionantes o chantajes basados en afectar su remuneración. Pero ello, no significa que sus salarios puedan ser establecidos de manera arbitraria, señaló.

Por el contrario, el 94 constitucional debe interpretarse analítica y sistemáticamente con la fracción II, del artículo 127. “De lo que obtenemos que para garantizar la independencia de los juzgadores su remuneración no debe ser reducida durante su encargo, siempre y cuando no sea superior a la remuneración del Presidente de la República”.

A contrario sensu, si su remuneración es superior a la del Presidente de la República, la misma deberá ser ajustada para que se encuentre dentro del marco constitucional.

De todo lo anterior, podemos sostener que la independencia judicial NO se garantiza con una alta remuneración, pues ello no es un medio eficaz e idóneo para garantizar la independencia judicial. Por el contrario, la remuneración a que tienen derecho debe ser razonable y proporcional a la importante función que ejercen, dentro del marco constitucional.

“Esto se confirma con el Estatuto Universal del Juez, aprobado por unanimidad por la Asociación Internacional de Magistrados en 1999, en el cual se establece que el juez debe recibir una remuneración que sea suficiente para asegurar su independencia económica, lo cual reitera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Y vale la pena señalar que los Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, NO reciben un sueldo, sino únicamente una compensación económica de dos mil dólares mensuales, es decir, 39 mil 533.80 pesos mexicanos.

De acuerdo al estándar internacional, el parámetro para garantizar la independencia judicial es garantizar al juez independencia económica; la cual podemos determinar a través de dos márgenes, primero: el salario mínimo anual en México es de 34 mil 18.60 pesos -que por cierto es el más bajo entre los países miembros de la OCDE – y segundo; el salario mínimo recomendado para sostener las necesidades básicas de una familia es de 353 pesos diarios, es decir, 134 mil 140 pesos anuales.

Entonces, para garantizar a los juzgadores independencia económica, su salario debe estar por encima de los 353 pesos diarios, pero tampoco debe alejarse absurdamente de la realidad mexicana, es decir, el salario mínimo vigente.

Y si el salario máximo que se afirma redundará aproximadamente en los tres mil 600 pesos diarios, es indudable que se garantiza la independencia económica, y por lo tanto, la independencia judicial.

Alejandro Parada explicó que definitivamente la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos se encuentra dentro del marco constitucional e internacional, por lo que las acciones de amparo e internacionales que están ideando los Jueces y Magistrados del Poder Judicial Federal, no deberían prosperar, puesto que en el fondo, la ley referida se ajusta al sistema jurídico mexicano.

Por el contrario, explico, se encuentran defendiendo remuneraciones que son contrarias al texto constitucional.

Así que defender sus salarios, denota una posición en pro de la ilegalidad e inconstitucionalidad; es una pretensión manifiesta de estar por encima del orden constitucional e indudablemente un capricho que desacata nuestra Constitución, el espíritu del pueblo.

Jesus.belmontt

—oo0oo—



Categorías:Nacional

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