Podrá el presidente de la República crear “Comisiones Consultivas” en las cámaras del Congreso

POR ERZA ZAVAGE

  • Pierde con esta reforma autonomía el Congreso y se permite discrecionalidad del Ejecutivo: PAN y PRI.
  • Se integrarán con profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, ex servidores públicos y funcionarios de otros poderes u órdenes de gobierno.
  • Mandan diputados el dictamen al Senado para su revisión.

Ciudad de México, 13 de noviembre.- La Cámara de Diputados aprobó con 328 votos a favor, 18 en contra y 118 abstenciones el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de establecer que el presidente de la República, puede constituir comisiones consultivas y presidenciales a través de decretos para el mejor despacho de los asuntos a su cargo.

El dictamen que reforma el artículo 21 del citado ordenamiento, cita que las comisiones intersecretariales que ya existen en la ley, serán aquellas creadas por el primer mandatario para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado y estarán integradas por los secretarios de Estado o aquellos funcionarios de la Administración Pública Federal.

Menciona que serán comisiones consultivas aquellas conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, con el fin de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado en el objetivo de su decreto de creación. Podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo. Sus conclusiones no serán vinculantes.

Las comisiones presidenciales, agrega, podrán ser conformadas también por ex servidores públicos y funcionarios de otros poderes u órdenes de gobierno. Se constituirán como grupos de trabajo especiales para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuestas o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su Decreto de creación.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos Constitucionales, puntualiza que todas estas comisiones deberán contener su denominación, nombre de integrantes y respectivos cargos, la definición de quien la presidirá, objeto y funciones que se les asignan y ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, precisando si dependen directamente del presidente de la República o de alguna Secretaría de Estado.

También incluirán el periodo de su existencia, mismo que podrá ser prolongado por acuerdo del presidente de la República, y cuando sea necesario, recibirán la dotación de recursos para su funcionamiento, los cuales provendrán de la entidad pública de la cual dependen.

Señala que el cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, por lo que no inhabilitará la posibilidad de desempeñar ninguna otra función pública o actividad privada.

Al fundamentar el dictamen, la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo (Morena), explicó que el propósito de la reforma es dotar al Ejecutivo Federal de elementos, que sin visiones partidistas, promuevan la mejor atención de los asuntos.

“Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especiales para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones”, afirmó.

Expresó que se fortalecerá la vida democrática, el establecimiento de mecanismos efectivos e institucionales de rendición de cuentas y la reconciliación de la sociedad; además, insertará al sistema jurídico las comisiones consultivas y presidenciales.

“La propuesta fortalece la tradición institucional que debe caracterizar a la nación y se ha puesto en tela de juicio en varias y complejas situaciones”, agregó.

Expresó que se busca potencializar a las comisiones que el Presidente establezca, a efecto de atender diversos retos del ejercicio de la función pública o cuestiones que, por su complejidad, requieren ser abordadas mediante esquemas que respondan a lógicas distintas a las que caracterizan a los entes públicos, “sin que ello implique aprovechar espacios de obscuridad e imprecisión jurídica para recurrir a las llamadas facultades meta-presidenciales”.

En los posicionamientos, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) expresó que las comisiones presidenciales tendrán como objetivo integrar los esfuerzos de la sociedad civil y del sector público, que permitan la participación de diversos poderes y órdenes de gobierno, así como de organizaciones internacionales, con la finalidad de atender con una visión más amplia un problema o alguna situación de importancia nacional.

“Se pretende que el Ejecutivo federal pueda afrontar los grandes problemas y los retos que se ha dejado pendiente, en muchas materias, este gobierno”.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván del PAN se pronunció a favor de crear estas comisiones; sin embargo, apuntó, “nos abstendremos, porque no podemos, de ninguna manera, dejar en un texto de ley, ni mucho menos en los hechos, ser subordinados del Ejecutivo, ni el Judicial puede serlo.

Nos manifestamos a favor de la verdad y de este tipo de comisiones, pero en contra de la subordinación de los Poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo”.

Por el PRI el diputado Ricardo Aguilar Castillo sostuvo que las comisiones deben ser un instrumento de apoyo y no de discrecionalidad, tal y como se propone, “pues lejos de ser espacios de liberación técnica, queda en duda la parcialidad y objetividad de sus decisiones y la designación de sus integrantes, particularmente con los que son servidores públicos. Esta propuesta busca abultar más la Administración Pública Federal”.

El legislador José Ángel Pérez Hernández (PES) comentó que su voto será en sentido positivo, pues la reforma promueve que el Ejecutivo no se extralimite en sus facultades.

“Al crear las figuras consultivas y comisiones presidenciales con miembros de la sociedad civil, académicos, especialistas y los diversos órdenes de gobierno, se logrará atender las necesidades de la ciudadanía con una visión más amplia”.

Silvano Garay Ulloa, diputado del PT, expresó que este dictamen representa la principal herramienta para que el Presidente electo inicie la cuarta transformación. “Es el futuro de México para empezar a acabar con la corrupción y quién vota en contra lo hace en contra de más de 30 millones de mexicanos que quieren transformar al país”.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) indicó que su voto sería a favor, pues se faculta la posibilidad de crear comisiones presidenciales consultivas, lo cual es un acierto, ya que permite que haya una estructura intersecretarial para que participen dependencias de Estado, especialistas, académicos y la sociedad civil organizada

Al dar su postura del dictamen, la diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) se pronunció en contra, pues esta reforma constituye la legalización de quienes le darán asesoría al Presidente, a cambio de influir en las licitaciones o contratos, es decir, se legaliza el “cuatismo”.

Es falso que se darán al Ejecutivo federal las herramientas necesarias para conformar las comisiones de la verdad, pues estas se tienen que configurar como instancias de la sociedad.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) se manifestó a favor del dictamen, pues con esta reforma se incorpora, las comisiones de gobierno, para concretar las políticas públicas comprometidas por el próximo Ejecutivo, en beneficio de las víctimas, como es el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

El diputado José Ángel Pérez Hernández (PES) se congratuló de que, por fin, una Secretaría de Seguridad que integre tanto a la pública como a la nacional, al igual que la creación de las comisiones consultivas y presidenciables.

“Sin lugar a duda, dar formalidad a las opiniones o asesorías en temas especializados e intersectoriales es deseable; las grandes transformaciones no las hace una sola persona, son el resultado de la suma de voluntades”, comentó.

Posteriormente, las diputadas Dulce María Sauri Riancho del PRI y Martha Tagle Martínez (MC) presentaron propuestas de modificación al artículo 21, las cuales fueron rechazadas por el Pleno en votación económica.

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Categorías:Nacional

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