Sigue intacta la corrupción de la PGR de Peña en la FGR de AMLO

Ante la inacción de Alejandro Gertz Manero, que desde que tomó posesión, primero en diciembre del año pasado como encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y desde mediados de enero como Fiscal General de la República (FGR), muchos rumores se han tejido en torno a su persona, sobre todo en redes sociales quienes ya lo dan como la primera baja del “gabinetazo” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y aunque sabemos que el mandatario tabasqueño tiene toda la intención de acabar con las lacras de sexenios pasados y las que sobre la marcha se desenmascaren, lo cierto es que su gabinete no le ayuda y se ha quedado “pasmado”, rezagado, estático, ante lo que significa la llamada “4ª Transformación de la República”.

La PGR llegó a su fin tras casi 45 años por claros casos de corrupción, por lo que la nueva FGR, puede correr el mismo riesgo, pero en menos tiempo.

Una de los motivos es que Gertz Manero ha dejado intacta la estructura criminal de la antigua PGR, con sus mismos vicios, corruptelas, ineficiencias e ineficacias, ya que continúan como si nada hubiera pasado sus principales funcionarios, que son casi todos, sobrevivientes de sexenios anteriores, mismos que se han mimetizado o camuflado para pasar desapercibidos, mientras la delincuencia organizada, los grandes capos, continúan azotando la seguridad y tranquilidad de millones de familias del país.

De los grupos delictivos más reconocidos como el de “Jalisco Nueva Generación” (CJNG), “Cartel de Sinaloa”, etc., todo indica que a sus capos, nadie ni nada ni nadie los tocará. Y es que sobre todo, los protege el más grande de todos ellos, el denominado “ Cártel de la Charola”, es decir, autoridades de esa Fiscalía que se han enquistado por décadas en esa dependencia y continúan lucrando, insaciables, porque saben que gozan de total impunidad.

Impunidad transexenal

Por decir algo está el caso del subprocurador de Control Regional, Procedimiento Penales y Amparo, Roberto Ochoa Romero, cuyo cargo conforme a la nueva normatividad se desconoce, pero que a principios de 2018 en el último año peñista fue nombrado y aún continúa, a pesar de que protegió al ahora ex delegado en la CDMX, investigado junto con 18 funcionarios en 2007, por el robo de documentos relacionados con el sindicato minero.

Fuentes gubernamentales revelaron que incluso a Del Río Leal, se le imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto en el artículo 214 fracción sexta del Código Penal Federal, que señala una pena de dos a siete años de prisión y multa de mil 560 pesos a 15 mil 600; las pesquisas fueron realizadas por la Visitaduría General de la PGR, bajo la averiguación previa 12/FECI/2007 y un año antes : PGR/DDF/SPE-XX/-5393/2006, si es que todavía existen.

Pero lo más grave es que se pretendió en la PGR de mantener en absoluto secreto la desaparición de los documentos, hasta que se entablaban acuerdos con la defensa de Napoleón Gómez Urrutia, ahora rehabilitado en todos sus derechos y hasta Senador.

Se dijo que se investigaban las cuentas bancarias del entonces delegado metropolitano Armando del Rio Leal, sin embargo no paso nada a pesar de que estuvo sujeto a proceso y en 2015 volvió a ese cargo, mismo que dejó apenas a mediados de diciembre de 2018.

Del Río Leal también fue delegado de la PGR en Chiapas, en donde el 18 de abril del año 2000 asumió el cargo de titular de la Unidad para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, y según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, como funcionario federal recibió múltiples denuncias en contra de miembros de grupos paramilitares que actuaban en esa entidad y las acusaciones nunca fueron investigadas.

Más corruptos

Independientemente de que a finales del sexenio peñista el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán también designó al titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII), Pablo González Manterola y al coordinador de Supervisión y Control Regional, Pedro Guevara Pérez, quienes a pesar de su inacción aún continúan en el cargo como casi todos, está vigente el Subprocurador de Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, quien por cierto durante los sexenios de Calderón y Fox, también estuvo en dicha dependencia.

De lo más reciente está el caso de cuando fue titular de la Procuraduría estatal en su natal Aguascalientes, donde después de investigar las denuncias de 19 personas detenidas por la policía ministerial la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), concluyó que se acreditaban los señalamientos contra el funcionario por diversas violaciones a los derechos humanos.

Los testimonios que involucran a Muñoz, actual subprocurador de Investigación de Delitos Federales bajo las órdenes del fiscal Gertz Manero, en actos de tortura y violación sexual.

Ahí está la recomendación 17VG/2019 de la CNDH, que se envió al gobierno del estado donde se precisó que dicho funcionario cometió diversas vejaciones, tocamientos sexuales y torturas cuando fue procurador de Justicia de Aguascalientes en el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre.

La recomendación involucra a 19 víctimas de detención arbitraria, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, así como tortura sexual. La CNDH señala directamente al ex procurador (identificado como AR1) de haber participado en los actos de tortura y violencia sexual.

El testimonio de una mujer identificada como V2 (víctima 2), lo criminaliza a pesar de que sigue presa, procesada de extorsión:

“ (…) pedí un vaso de agua y uno de los ministeriales se acercó con el vaso de agua pero yo apenas podía caminar, me dolían mucho las piernas, mi panza y un dolor muy fuerte en mi vagina (…) Se acercó un hombre por atrás, yo estaba esposada (…) Con la sola introducción de un hisopo en mi vagina el médico dijo que tenía desgarrada mi vagina producto de una violación (…) [AR1] me dio un beso en el cachete (…) me jaló la blusa y metió su mano, me agarró un pecho y me lo apretó.”

Entre sus cargos, de Muñoz 2015 fue titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuando Arely Gómez era titular de la PGR, asimismo con el ex titular de PGR, Jesús Murillo Karam, dejó el cargo por defender “la verdad histórica” y fue nombrado por el entonces titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2016 lo nombraron procurador de Colima, donde prometió que bajaría los índices delictivos en seis meses. Pasaron ocho y, entre críticas por el aumento de la violencia, renunció.

El mismo año se le nombró titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR, su cargo actual, donde sigue intocable a pesar de las promesas de Gertz Manero de acabar con la corrupción y la delincuencia.(MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ).

CIFRAS

Ejecutados durante sexenio peñista conforme a cifras oficiales:

150 mil 992 muertes violentas, la mayoría vinculadas al crimen organizado.

Ejecutados sólo de 2017 a 2018 32 mil 79 víctimas.

Ejecutados durante administración AMLO ( diciembre 2018- marzo 2019 : 3563 víctimas.



Categorías:Nacional

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