Corrupción, desvíos e insuficiencia en fondos para damnificados de sismos

Por Sofia González.

  • Hay errores en la entrega de 68 millones de pesos: CNBV
  • Son insuficientes y sin mecanismos de control en su aplicación: ASF.
  • Algunos damnificados recibieron hasta 34 tarjetas de apoyo y otros ninguna: MCCI.

Diversos organismos gubernamentales, la Auditoria Superior de la Federación, institutos de la banca nacional y organizaciones independientes afirman que los recursos destinados al apoyo de los damnificados de los sismos del 19 de septiembre de 2017 son insuficientes, se aplicaron sin control y están plagados de irregularidades en su entrega a los afectados.

Una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró irregularidades y un desvío millonario en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre de 2017, denunció hoy la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre pasado.

Según la CNBV, Bansefi emitió múltiples tarjetas a nombre de mil 495 beneficiarios. La autoridad bancaria documentó que a esos plásticos se depositaron 68.8 millones de pesos.

La MCCI contactó a damnificados cuyos nombres aparecen en 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas. Entre ellos hay quienes ni siquiera recibieron una tarjeta

MCCI contactó a damnificados cuyos nombres aparecen en hasta 34 tarjetas y detectó incluso que algunos de ellos, pese a la supuesta recepción de ayudas, “ni siquiera recibieron una tarjeta”, a la que se depositan los fondos.

Según datos oficiales, se contabilizaron 180 mil 753 viviendas colapsadas, así como 12 millones de personas afectadas, entre las cuales al menos 2 millones están en calidad de damnificadas.

La ONG adelantó que estos datos se irán actualizando con los censos puntuales que se vayan generando a partir de los diagnósticos que aportarán los centros académicos y las organizaciones civiles.

Se hizo notar que también están otros que han sufrido las consecuencias de la corrupción que otorgó permisos de construcción a las grandes inmobiliarias que no cubren los mínimos reglamentos.

Ese es el caso de edificios antiguos construidos con especificaciones técnicas inferiores a las características del sismo, pero otras de ingresos medios principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán que habitaban edificios relativamente nuevos construidos de acuerdo a la nueva normatividad posterior a los sismos de 1985.

Llama la atención el hecho de que prácticamente la totalidad de los edificios afectados se ubican en la llamada zona de transición o zona blanda correspondiente a la margen del lago; es evidente la necesidad de revisar profundamente la normatividad tanto de uso del suelo como de construcción en esta zona.

La Auditoría Superior de la Federación detectó que la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 no recibió la atención suficiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), ya que hubo “fallas en sus mecanismos de control”.

El auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo aseguró que “existen elementos suficientes respecto a la correcta programación, priorización y entrega de los recursos del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) destinados a la reconstrucción y rehabilitación de viviendas”.

Como se apunta en la tercera entrega de Informes Individuales y del Informe General Ejecutivo Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

El funcionario informó que se estima que los damnificados por el citado desastre natural es de 506 mil 298 personas, las cuales “no recibieron las acciones suficientes por parte de las autoridades, en virtud de que se identificaron fallas en los mecanismos de control de Sedatu y Bansefi”.

Frente a este panorama diputados federales exigieron transparentar los recursos destinados a la reconstrucción y a los apoyos de damnificados por el terremoto del año pasado, así como castigar a quienes hayan hecho uso indebido del dinero público o donado.

“La tristeza y el dolor que nos causaron los sismos hace tres décadas y hace un año no puede ser separada nunca de la indignación que nos trae saber que las pérdidas humanas fueron, sobre todo, producto de la corrupción y de la negligencia criminal de empresas inmobiliarias depredadoras y gobiernos dedicados a sus negocios privados y no al bienestar público”, afirmó Dolores Padierna.

Libre de virus. www.avg.com


Categorías:Nacional, Política, SOCIAL

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