La corrupción cuesta al país al año, 9 mil 500 mdp: INEGI

Rebeca Marín

Los actos de corrupción cometidos por servidores públicos al momento de recibir pagos, tramites o solicitudes de servicios públicos ascendió a nueve mil 489 millones de pesos en 2021, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dicha cantidad es mayor a las prerrogativas entregadas a los partidos políticos para el presente año (cinco mil 821.8 millones de pesos), también cubriría el gasto total de unas elecciones federales como las que se registraron en el año (siete mil 895 millones de pesos) y cubriría el 86 por ciento de los recursos destinados para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El Inegi revela que los mayores gastos por sobornos se observaron al momento en que los ciudadanos tienen contacto con las autoridades de seguridad pública, ya que los ciudadanos tuvieron que pagar tres mil 186.4 millones de pesos para evitar ser sancionados por los cuerpos de policía que operan en el país.

La encuesta señala que este tipo de gasto creció 28.2 por ciento respecto a los dos mil 485.4 millones de pesos registrados en 2019, por lo que se ubica como uno de los principales problemas para combatir la corrupción en nuestro país.

Para dimensionar la problemática, el director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Publica y Justicia, Óscar Jaimes, explicó que en 65 de cada 100 tramites donde participa alguna autoridad de seguridad pública se realiza un acto de corrupción, mientras que los demás trámites no rebasan el 30 por ciento de probabilidad de sobornos.

Otros de los trámites o servicios con mayor cantidad de posibilidad de ser víctimas de soborno fueron los actos ante el Ministerio Público (24 por ciento), permisos relacionados con la propiedad (22.3 por ciento) y trámites para abrir una empresa (21.9 por ciento).

A escala nacional, el Inegi señala que al menos 14.7 por ciento de la población enfrentó o fue víctima de un acto de corrupción, siendo los habitantes de Quintana Roo, Puebla y Baja California los más afectados con 20.4, 19.6 y 19.4 por ciento de personas afectadas, respectivamente.



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