INE ex culpa a AMLO y a las corcholatas por proselitismo político

Martín Aguilar

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó la lista de personas a las que prohibió su asistencia a reuniones proselitistas. En acatamiento a una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exculpó al presidente, Andrés Manuel López Obrador y a integrantes de su gabinete, entre otros, pero confirmó la restricción a varios gobernadores, por asistir a la reunión de Morena el pasado 26 de junio en Coahuila.

En sesión extraordinaria, esta Comisión llamó a todos los partidos y actores políticos – particularmente a quienes aspiren a una candidatura- a acatar las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF, máxima instancia en esta materia.

El Tribunal ordenó ayer al INE revisar el listado de 30 servidores públicos a quienes había impuesto medidas cautelares.

En su resolución, los magistrados confirmaron el señalamiento, por su asistencia al mitin morenista, para seis servidores públicos: la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; los legisladores Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Aleida Alavez; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, así como para el presidente nacional de Morena y de este partido.

Ahora, en acatamiento a la orden del Tribunal, la Comisión de Quejas eliminó a algunos, pero dejó a nueve:

Citlali Hernández, secretaria general de Morena y senadora con licencia; María del Pilar Avila, gobernadora de Baja California; Carlos Manuel Merino , gobernador de Tabasco; Mara Lezama Espinosa, gobernadora electa de Quintana Roo; Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas; Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados; Andrea Chávez Treviño, diputada federal; Rafael Llergo, también diputado federal. De último momento agregó a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, porque admitió – se dijo- haber asistido al evento de Coahuila.

Por tanto, quedan fuera de las medidas cautelares en mención, bajo ese mismo criterio, que no fueron a dicha asamblea, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Delfina Gómez Alvarez, secretaria de Educación Pública; Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur; Salomón Jara, gobernador de Oaxaca; Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos; Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcaca; Layda Sansores, gobernadora de Campeche; José Narro Céspedes, senador; Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas; Higinio Martínez, senador; María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Lucía Virginia Meza, senadora y, como se dijo, a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.

Los tres consejeros integrantes de esta Comisión advirtieron de las consecuencias de transgredir la Constitución y la ley, en especial para quienes aspiren a contender por un cargo de representación popular.

Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas, dijo que con su resolución de la víspera, en la que confirma el criterio del INE frente a la posible ilegalidad de las asambleas de Morena realizadas el 12 y 26 de junio, el TEPJF ha marcado la pauta del estado de derecho.

“Y también es una llamada de atención para que los partidos políticos, los actores políticos y quienes estén interesados en una candidatura sepan el límite que se tiene”, señaló.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala, pidió “que no se rete a las autoridades…Grave sería que ahora con estas razones expuestas, estos argumentos expuestos en una sentencia, todavía los servidoras y servidores públicos e interesados en competir en procesos electorales continuaran realizando estos actos”.

Advirtió que ya hay una sentencia de la Sala Superior del TEPJF en cuanto a tomar en consideración los delitos electorales para eventualmente perder el “modo honesto de vivir”, una clasificación necesaria, según las autoridades electorales, para obtener una candidatura.

Por la salud de la democracia y del estado de derecho – añadió Zavala- todas las servidoras y servidores públicas acaten las resoluciones firmes del TEPJF, “más allá si está o no de acuerdo”.

El consejero Ciro Murayama indicó que el TEPJF está cumpliendo con su papel de leer el derecho, y subrayó que los partidos y demás actores pueden hacer política pero no actos anticipados de campaña.

Consideró que con la resolución del martes de la Sala Superior del TEPJF se da claridad no solo a los quejosos sino a todos los partidos políticos nacionales y les deja en claro que no es correcto ni conviene adelantar.

“Yo celebro que el Tribunal dé luz a todos”, dijo durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas realizada este medio día.

La pregunta, agregó Murayama, es si ahora todos van a cumplir con las medidas cautelares, a lo que él mismo recordó que las resoluciones de la Sala Superior “no puede ser recurrida ni en la Suprema Corte”.

Es así que “todas y todos tenemos que acatar” y, en el caso particular, no hacer actos similares a los de Toluca y Coahuila, no estar llamando a los electores y respetar las condiciones de equidad.



Categorías:Nacional

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