Reconocer vulnerabilidad y Visibilizar de niñas y niños que viven en penales del Edomex: Karina Labastida

Alberto Moreno

Valle de Toluca Edoméx-.La diputada local de Morena, Karina Labastida Sotelo propuso reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes del Estado de México, con la finalidad de reconocer la situación especial en que se encuentran las niñas y niños que viven con sus madres o padres en prisión y priorizar políticas incluyentes, es necesario, dijo, que las autoridades estatales salvaguarden sus derechos humanos durante su estancia en los centros penitenciarios y una vez fuera restituirles sus derechos.

Es prioritario reconocerlos como un grupo social específico en situación de vulnerabilidad que demanda la mejora de su entorno y realidad, como una forma de rescate, ya que son expuestos a un entorno de violencia, abuso de autoridad, drogadicción, sexualidad, depresión, angustia y la desesperación que se vive dentro de los penales, el estado debe poner énfasis en la atención de las infancias en reclusión para visibilizarlos, propuso la legisladora. Así como, “sentar el derecho de contar con acompañamiento psicológico durante su estancia en el centro, durante el proceso de separación de su madre-padre, y su incorporación a la sociedad”.

En el pleno, expresó, contrario a lo que señala la Ley Nacional de Ejecución Penal, la realidad de las mujeres privadas de su libertad en penales de la entidad y sus hijas e hijos, está muy alejada de ésta, son olvidados por la propia norma, ante esta situación presentó, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes del Estado de México que, busca garantizar de modo más eficaz el cumplimiento real de los derechos de niñas y niños que acompañan a sus madres en centros penitenciarios, ante la discriminación, el abandono de las instituciones y de la propia sociedad.

La diputada Karina Labastida subrayó que, de acuerdo al Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, de los menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales y estatales, la mayoría de los menores se concentraron en el Estado de México con 63 niñas y niños y también se concentra el mayor número de PPL en la entidad, por ello la obligación del estado de implementar protocolos y perfiles idóneos que garanticen personal calificado que tenga contacto con este sector durante su estancia en el centro y en el seguimiento de su vida fuera de prisión, así como el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

Agregó, para ello se exige la colaboración y coordinación entre instituciones de la administración pública señaladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal o su equivalente en nuestra entidad, como la Secretaría General de Gobierno; la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de las Mujeres, las procuradurías de protección del Sistema DIF estatal, Comisión de Atención a Víctimas, que deben salvaguardar los derechos humanos y procurárseles en la transición del centro al entorno familiar o de la comunidad, adaptándose a una nueva realidad.

Dijo, atendiendo al principio de prioridad contenido en el artículo 12 de la Ley en la materia, se deben diseñar y ejecutar políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos, por lo que se deberá asignar mayores recursos a las instituciones públicas o privadas encargadas en la atención de sus necesidades, y prevalezca el interés superior de la niñez para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para su protección.

La diputada de la 4T reiteró que el estado permite que niñas y niños vivan en prisión y debe ser el mismo estado “quien debe proporcionar los mecanismos para que puedan acceder a condiciones de vida digna y de calidad; esto es, la doble tarea de garantizarles un espacio y estadía de calidad…”, el respeto a sus derechos humanos, atención multidisciplinaria, para un sano desarrollo, lo que en determinado momento también debe incluir el apoyo psicológico a las madres para que se desapeguen de sus hijas e hijos llegado el momento.

La integrante de la bancada de la Esperanza, señaló que de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2020, estima que en el Estado de México 22 niñas y niños viven con sus madres en los centros penitenciarios, y pese a que la secretaria de seguridad estatal, en el 2021 recibió un presupuesto de casi 18 mil millones de pesos, del cual tendría que haber fortalecido y mejorado el sistema penitenciario, así como implementar mecanismos para la reinserción social, pero el abandono de este sector es evidente.

La Ley Nacional de Ejecución Penal, es una ley muy completa en hacer referencia a los derechos tanto de las madres como de sus hijas e hijos que los acompañen en los centros penitenciarios, como conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años, alimentación adecuada, recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta, contar con las instalaciones adecuadas, entre otras.

Advirtió que entre los daños que les genera la permanencia en los centros de reclusión a niñas y niños se encuentran “la culpa, baja autoestima, miedo, vergüenza, tristeza, lo que puede llevarlos a desarrollar conductas violentas, antisociales o delictivas, convirtiéndoles en señuelos fáciles de discriminación constante y estigmatización, así como trastornos emocionales.



Categorías:Nacional

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